Sin agua no hay vida, por eso debe ser un bien de toda la población y no una mercancía accesible solamente a quien puede pagar. En la zona oeste, este derecho es violado por el Estado, que no invierte en políticas públicas para garantizar distribución, saneamiento y control ambiental, pero legitima el desvío y canalización de ríos, así como la explotación comercial irregular para el beneficio de los intereses de las grandes empresas: industrias contaminadoras de la cadena de minería y siderurgia, parques acuáticos, empresas inmobiliarias.

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Tales acciones generan impactos como la sequía de nacientes, cascadas, lagos y la reducción de las selvas, mangues y tierras encharcadas. Además, aún vivimos la total falta de agua en algunas comunidades y villas estratégicamente desatendidas, vecinas de áreas ocupadas por mansiones y condominios con agua corriente, piscinas y altos niveles de consumo.

La minería de gravilla, grava y otros componentes de la construcción civil en los territorios también impactan a la Selva Atlántica y a las poblaciones que resisten en los macizos de Rio de Janeiro.

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La contaminación de las aguas por las industrias y el impedimento de ir y venir de las pequeñas embarcaciones afectan aquellas que cultivan a los mares.. Ríos y canales son diariamente enterrados y transformados en fosas comunes, verdaderos basureros al aire libre y, aún delante de tantas violaciones, la población es “culpabilizada” como la gran villana. Todas estas transformaciones y disputas predatorias por las aguas de los territorios agreden al ciclo natural y niegan el derecho y el acceso de la población, violan las formas de vivir de las comunidades tradicionales que tienen en las aguas fuente de subsistencia o aún espacio sagrado y de cura. Las aguas están siendo secuestradas y el valor del rescate es alto.